Si bien no debe ser una temática ajena a la discusión popular, la reelección presidencial, alterna o inmediata se convierte de momento en un asunto complejo puesto que vincula profundamente el régimen institucional, la cultura política del país y otra serie de variables que a futuro afectarán singularmente nuestro sistema político.
En momentos en los que Honduras se debate en una crisis profunda de corrupción provocada por malas ejecutorias desde la administración del poder político y económico, resulta contraproducente enfocarnos en debates innecesarios e inoportunos que llevan a la clase política a quitar la mirada de los reales intereses de la nación.
Aunque en América Latina, la continuidad en el poder por uno o más períodos es un fenómeno que tomó auge hace poco más de dos décadas, las condicionalidades políticas de los países son diferentes, se requiere por tanto una visión más amplia y considerar inicialmente las experiencias positivas y negativas de otras realidades con esta figura.
Reelegir a un presidente en Honduras tiene una serie de inconvenientes y desventajas de los cuales expondré apenas tres que valen la pena destacar; el primero de ellos es que hace más lenta la renovación generacional en los partidos políticos, cuando existe la tentación de volver a ser candidatos, toda la estructura presidencial se involucra en ese objetivo (duplicar el poder) haciendo casi nulas las posibilidades de aparición de nuevas figuras.
Un segundo inconveniente es la utilización del poder para reforzar la candidatura a la reelección, un desborde masivo de saturación mediática que lleva al abuso y al populismo extremo que favorece a unos y perjudica a otros en un afán de alcanzar una imagen confiable y de respaldo ciudadano.
El tercer inconveniente es que con la intención de reforma a la Constitución de la República se obligaría al país a entrar en un debate que durará meses y cambiará radicalmente el rumbo de la agenda del país y de las decisiones político gubernamentales, se pierde de vista la institucionalidad del Estado y se prioriza la figura de aquel a quien se promueve como el más indiciado para reelegir.
A un lado quedará la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, la atracción de nuevas inversiones, la erradicación de la pobreza y el combate a la inseguridad, que son temas vitales y que requieren de atención permanente, de igual manera los procesos de seguimiento a las reformas educativas pasan a un segundo plano aún y cuando los centros escolares del país urgen de reforma total en infraestructura, mobiliario, equipo y textos.
Quienes promueven y simpatizan con la reelección presidencial, la mayoría de ellos políticos con muchos años ocupando los principales puestos de poder y ejerciendo influencia del mismo, ven de menos las necesidades que el país debe priorizar y se aprovechan de un pueblo paciente, aguantador, enfermo y adormecido por tanta falsedad y demagogia política.
El debate no debería pasar a más, la Constitución de la República es clara en su artículo 239 al ordenar que “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
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